¿La sociedad
permitiría que Jorge Rafael Videla asumiera
como senador de la Nación? Seguramente no, porque
una gran movilización social lo hubiera impedido.
La paradoja es que otro ex presidente, responsable
de tantas o más muertes que aquél y con
varias causas penales en curso, logró que la
Comisión de Asuntos de Constitucionales del
Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner
aprobara su mandato. Carlos Saúl Menem, el símbolo
y paradigma del saqueo en la Argentina, pudo prestar
juramento en el Senado sin una seria oposición
en la Justicia y sin ninguna movilización en
su contra: como si el silencio fuera una forma de aceptación
o perdón. Tampoco se escucharon voces de protesta
en la Cámara de Diputados, donde se desarrolló una
correcta acción para impedir que asumiera el
ex comisario torturador Patti. ¿Cómo
fue posible que el hombre que huyó de las elecciones
de 2003 y hasta hace pocos meses pedía refugio
en Chile acosado por los reclamos de la Justicia argentina
pudiera regresar y que las causas penales se durmieran
permitiéndole ser electo senador para gozar
de inmunidad parlamentaria hasta que los procesos caduquen? ¿De
qué forma fue cambiando su imagen mediática
por la de un anciano pintoresco complicado por asuntos
conyugales, hasta lograr esta suerte de olvido y perdón? ¿Qué hizo
que el asombro o la indignación no se manifestaran
en la calle? ¿Dónde quedó el reclamo
masivo “que se vayan todos”?
Se dirá que Menem y sus cómplices no fueron
iguales a los jefes del terrorismo de Estado, ni los únicos
responsables, en tanto meros ejecutores de un plan concebido
por grandes corporaciones y organismos internacionales.
El terror represivo fue reemplazado en democracia por
una violencia cotidiana y silenciosa que mata a largo
plazo. Menem, junto a otros como Cavallo, Juan José Llach,
Roque Fernández, Fernando de la Rúa, José Luis
Machinea y también los Camdessus, Ficher, Krueger
y Rato, deberán ser juzgados por crímenes
de lesa humanidad en tiempos de paz. Ellos diseñaron
y/o ejecutaron políticas de ajuste que terminaron
ocasionando decenas de miles de muertes por desnutrición
y enfermedades curables, como dan cuenta las estadísticas
oficiales. Más muertos que todas las víctimas
del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas: un
genocidio social del que la sociedad y los medios no
se hicieron eco.
En Carlos Saúl Menem se concentran, además,
tantos delitos contra la Nación que puede ser
juzgado como uno de “los infames traidores a la
Patria” de acuerdo con la Constitución Nacional
(art. 29 y 119) y al Código Penal (art. 214 y
215), como expone la denuncia que presentamos ante el
procurador General de la Nación, con Bernardo
Alberte h., Norberto Galazo, Ana Lorenzo y otros ciudadanos.
Recordemos que, entre otras acciones, Menem multiplicó varias
veces la deuda externa soslayando al Congreso Nacional;
destruyó un patrimonio público acumulado
por generaciones de argentinos; remató sin tasación
ni balance y a la quinta parte de su valor real los yacimientos
hidrocarburíferos y las empresas de servicios
públicos. Fue quien cedió tierras, lagos,
usinas, caminos, puertos, la flota mercante y la mayor
fábrica de aviones del Hemisferio Sur. Destruyó el
más extenso sistema ferroviario del continente,
que fabricaba rieles, vagones y locomotoras, iniciando
la mayor ola de quebrantos, despidos y pobreza de la
historia nacional que culminara con la extranjerización
de la economía. Conculcó derechos sociales
adquiridos destruyendo el sistema jubilatorio; entorpeció la
investigación del atentado a la AMIA; constituyó una
asociación ilícita con sus ministros para
otorgarse sobresueldos y ejecutar acciones mafiosas como
el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y la voladura
de la fábrica de armas de Río Tercero con
cientos de víctimas inocentes. Es posible seguir
enumerando la historia de su impunidad: ¿cuántos
asesinatos y falsos suicidios ligados a los accionares
ilícitos del menemato quedaron sin condena?; ¿quién
indemnizará a las víctimas sociales de
sus planes de ajuste?
La violación de los derechos sociales es también
una forma de la violación de los derechos humanos. ¿Puede
haber olvido o perdón frente a tantos ultrajes?
Si estos actos no son gravísimos delitos contra
el pueblo y la Nación, ¿cuáles otros
hubieran hecho falta para hacer intervenir a los ministros
de Justicia, procuradores y fiscales, para impedir que
Carlos Menem llegara a senador? Si una sociedad no es
capaz de juzgar los delitos contra el Estado y su patrimonio, ¿puede
reconstruirse una conciencia ciudadana solidaria que
sea custodia de una administración transparente
de los bienes públicos? Se ha bajado con firmeza
el retrato de Videla y las leyes de impunidad fueron
anuladas, pero la imagen de Menem sigue en la pared:
las mafias de la patria financiera y contratista continúan
sobreviviendo a los gobiernos y no hay señales
de que se pretenda investigar el saqueo del patrimonio
público. ¿Cuántas movilizaciones
harán falta para que los argentinos podamos juzgar
a los responsables de la más perversa agresión
en democracia? ¿Cuánto más deberemos
soportar la impunidad y vergüenza que, otra vez,
expresa el Senado de la Nación?
*Nota publicada en Página/12 el 23/12/2005. |
