La fuga electoral
de Carlos Menem y la asunción del gobierno de
Néstor Kirchner interrumpió el proceso
de impunidad y degradación de las instituciones
con las cuales el menemato impuso los objetivos del
modelo: rentas excepcionales suprimiendo los derechos
sociales, desnacionalización de la economía
y liquidación del patrimonio para pagar la deuda
externar.
El caso más paradigmático de la depredación
menemista fue la cesión a precio vil de los hidrocarburos,
uno de los sectores estratégicos del país.
Sin inventario ni tasación, y violando la ley
17.319, se privatizaron YPF y Gas del Estado, las dos
mayores compañías del país y las
que más habían invertido en su industrialización,
obra pública y políticas sociales.
A fin de satisfacer a los compradores, redujeron las
reservas comprobadas de crudo en un 30 por ciento para
retornarlas a su nivel después de privatizarlas
y cedieron por 25 años la explotación de
las áreas estratégicas al valor de lo que
producían en 9 meses. ¿Alguien recuerda
actos más fraudulentos e infames que los tratamientos
de las leyes que privatizaron Gas del Estado -con varios
diputruchos- o YPF? El diputado Luis Saadi denunció que
en el Senado habían repartido ocho millones de
dólares para votarla, pero al rato se desdijo.
La sesión en diputados fue conducida por el jefe
de la bancada Jorge Matzkin, contando con Oscar Parrilli
con informante del proyecto privatizador y el apoyo de
todos los gobernantes del PJ. Entre víctores,
besos y abrazos celebraron la votación notables
referentes de la mayoría como E. Amadeo, E. Camaño;
E. Fellner, J. González Gaviola, José Gioja,
O. Lamberto, Juan C. Maqueda, Lorenzo Pepe, C. Ruckauf,
Felipe Solá, Miguel A. Toma y Jorge Yoma y el
ministro Manzano -el de "robo para la corona"-
declaraba: "No podemos más que felicitarnos
de estos diputados que han dado el quórum".
Mientras algunos países perdieron su petróleo
con golpes de estado o cruentas guerras como la de Irak,
la dirigencia del PJ lo entregó bajo el liderazgo
de jefes corruptos y sobres con millones de dólares.
Para la Argentina fue equivalente a que una invasión
le arrebatara la mitad de su territorio: YPF y Gas del
estado aportaban al fisco tanto como el total de la recaudación
de las provincias de Buenos Aires, la Pampa, Cuyo y la
Patagonia. Al descuartizamiento de YPF y Gas del Estado
le siguió el de decenas de usinas y represas hidroeléctricas
hasta perder la soberanía energética, primer
eslabón de la cadena productiva. Somos el único
país que extranjerizó todo su petróleo
para pagar las tarifas más altas del mercado internacional
y recibir las regalías más bajas del mundo.
Vemos con preocupación
En sus siete meses de gobierno, el presidente Kirchner
enfrentó bolsones de impunidad y corrupción
que parecían intocables. Quienes hemos apoyado
con esperanza esas acciones, vemos con preocupación
que la política petrolera reafirma las prebendas
otorgadas por Menem a la petrocracia:
a) continuar con el privilegio de no liquidar el 70 por
ciento del total de las divisas provenientes de la exportación
de crudo y gas, que significan más de 3000 millones
de dólares anuales;
b) aceptar el precio de los combustibles del mercado
internacional como si fueran importados, cuando se producen
en el país: el Gobierno acordó el precio
del barril de crudo a U$S 28,50 cuando su costo de extracción
es de menos de U$S 4;
c) se consiente la evasión fiscal al permitir
que la misma compañía extraiga, transporte
y refine y venda, sin que exista ningún control
de su extracción: por simple declaración
jurada informan lo que sacan;
d) se prosigue con la irracional política de exportación
de hidrocarburos, siendo recursos escasos y no renovables:
desde la privatización, las reservas cayeron de
16 a 8 años;
e) ratificarles a las provincias la propiedad de los
yacimientos significa dar continuidad a los proyectos
de regionalización-segregación del menemismo,
con el riesgo de transformar el país en un conjunto
de emiratos manipulados por trust internacionales.
Si se quiere avanzar hacia un proyecto nacional ¿el
tema no merece un amplio y serio debate?
El país necesita acabar con la impunidad de los
delitos que permitieron despojar su patrimonio: ¿cabe
alguna duda de que son actos jurídicamente nulos
prolongar por 25 años y mediante decreto, los
contratos de locación de obras y servicios otorgados
por la dictadura, o la ilegítima prórroga
por diez años del yacimiento Loma de la Lata a
favor de Repsol, una riqueza de U$S 40.000 millones a
cambio de solo 300 millones?
Así como las décadas transcurridas desde
la dictadura no pudieron legitimarse los ilícitos
de la mafiocracia. No es sólo un tema de justicia
o de reparación ética: debe entenderse
que el genocidio social que padecemos también
es consecuencia de la pérdida de la petrorrenta.
Si la factura anual de los hidrocarburos ronda los 22.000
millones de dólares con un beneficio promedio
de 10.000 millones, sólo con esta renta se podrían
crear más de 3.000.000 de puestos de trabajo legítimos
y multiplicar los presupuestos en salud, educación,
seguridad social y vivienda.
El pueblo argentino espera actos de reparación
El pueblo argentino espera que en estos tiempos de normalización
institucional los delitos contra el patrimonio público
sean investigados. Todo acto que permitiera legitimarlos
o avalara su continuidad económica significaría
un grave retroceso y una nueva traición al país
que reclama la continuidad jurídica de los postergados
intereses de la Nación. En nuestro país
rige la concepción romana del derecho que coloca
la ley por encima de los contratos, y si aplicáramos
la ley de hidrocarburos vigente -Nº 17.319- caería
la mayor parte de las concesiones. Ellas serían
la base de una nueva petrolera nacional y de la recuperación
de nuestra soberanía energética. Hoy como
nunca se impone el principio del art. 40 de la Constitución
de 1949 para que la propiedad de la Nación sobre
los recursos estratégicos asegura una amplia participación
social y provincial de sus rentas.
La dirigencia que acompañó la ola privatizadora
debe asumir su autocrítica con honestidad y coraje.
El pueblo argentino espera actos de reparación:
que la renovada Corte Suprema de Justicia investigue
los ilícitos contra el patrimonio y el Congreso,
así como anuló las leyes de impunidad,
anule por fraudulentas las que avalaron el saqueo a favor
de la petrocracia.
*Nota publicada en Página/12 el 23/12/2003,
pág. 10
**Presidente del MORENO - Movimiento por la Recuperación
de la Energía Nacional Orientadora
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