¿Es asunto
exclusivo del gobierno subirse sólo al ring
de las negociaciones con el FMI, los bancos y las privatizadas,
o es una cuestión nacional
de la que dependen tarifas, crecimiento y empleo futuros..? ¿No se debería
movilizar la comunidad, sus organizaciones e intelectuales, para defender sus
intereses..? Al presidente le agradecemos habernos devuelto dignidad nacional.
En sólo sesenta días, Kirchner sorprendió a un país
acostumbrado a la traición, con medidas que fueron más allá de
las promesas y parecían inviables. Algunos siguen escépticos y
esperan los “rounds” económicos, mientras los voceros de la
mafiocracia y ciertos medios, desinforman con la misma prédica que encubrió el
descomunal saqueo del patrimonio nacional. Quien no conoce lo que le pertenece
ni lo que vale, mal puede defenderlo.
Hoy el país debe negociar con los
representantes de quienes lo vaciaron, nos trataron como republiqueta y nos derogaron
leyes que en EEUU se aprobaban, como fue la ley de subverción económica.
La memoria y dignidad de una Argentina que fue capaz de construir su industria
y principales empresas –YPF,
Gas del Estado, Agua y Energía- sin ayuda del capital foráneo,
hoy debe movilizarse para ayudar a cambiar la relación colonial con el
FMI. A no asustarse frente al chantaje: ni el FMI, ni los acreedores, pueden
prescindir de la Argentina, por el monto de la deuda y el peso que tiene en América
Latina, el Mercosur y el mundo. No habría mayor error que dejarse correr
por el miedo. Es como el perro que ladra en la noche: si uno se asusta y corre,
ataca o persigue; si se le hace frente, retrocede.
La decisión política del Presidente de asumir sus facultades soberanas
para defender el interés de la Nación, es la correcta y la que
el pueblo esperaba desde hace años. Pero ningún gobierno puede
enfrentar solo la presión de organismos y corporaciones y a la vez ser
un blanco solitario de campañas desinformantes como las que defienden
a las privatizadas. Otra vez, intentan hacernos creer que la única salida
es arreglar con los verdugos. Un poder que tuvo en el gobierno, la justicia y
el congreso, funcionarios a quienes les dictaron leyes y sentencias. Los medios
y personajes que callaron frente a los ilícitos y tarifazos del menemato: ¿qué decían
cuándo el patrimonio público y los derechos de trabajadores y jubilados
eran devorados por la mafiocracia bajo la protección de la Suprema ?
¿Con qué razones pretenden oponerse al nombramiento de Raúl
Zaffaroni, los que callaron durante los doce años que presidió la
Corte el ex jefe de policía de la Rioja y ex socio del Conde Prófugo
de Anillaco ?
Frente al tema de la deuda -como bien argumentan el ex juez Salvador M. Lozada
y Eric Calcagno - puede defenderse jurídicamente una rebaja sustancial,
porque durante décadas hemos pagado intereses usurarios. Si nos hubieran
cobrado la tasa normal que rige en sus países, la deuda se hubiese pagado
hace muchos años. Entre otras irregularidades –no haber sido jamás
tratada por el Congreso- los contratos de la deuda que fijan la jurisdicción
en los tribunales de Londres o New York para el caso de litigio deben ser invalidados,
porque siendo contratos de derecho público solo puede actuar la justicia
argentina.
A su vez, sería escandaloso que a los bancos, se los compensara por la
devaluación. Tuvieron ganancias superlativas cobrando tasas del 4% mensual,
con inflación cero y paridad del peso con el dólar; confiscaron
los ahorros de sus clientes y fueron los ejecutores del vaciamiento financiero
del país, girando al exterior miles de millones de dólares. La
jurisprudencia es contundente y el fallo del caso Swift-Deltec la reafirmó:
las casas matrices deben responder solidariamente ante las pérdidas de
sus sucursales.
Por último, tal como lo plantea el Ministro De Vido, el reclamado ajuste
de tarifas tiene que ver con la revisión de los contratos, las obras e
inversiones prometidas, los aumentos y ganancias obtenidos y finalmente, las
pérdidas ocasionadas por la devaluación. En todos los casos, debe
ser cuestión liminar la devolución a los usuarios del cobro indebido
de más del 20% en las tarifas durante una década, por el ilícito
de indexarlas de acuerdo a la inflación de los EEUU. La ley de convertibilidad,
en su artículo 9, prohibía expresamente los aumentos de salarios
o tarifas.
Hay que superar desconfianzas y mezquindades políticas para fortalecer
la patriada que debe librar el país. Es preciso movilizar fuerzas y conciencias;
multiplicar los debates; denunciar públicamente lo que el gobierno no
puede decir; garantizar, por fin, continuidad jurídica para la Nación
y los usuarios. Ante la magnitud del conflicto nadie debe quedar ajeno, viendo
por televisión lo que está pasando en el ring. Todo espectador
puede ser una víctima, un cómplice o un traidor.
* Nota publicada en Página/12 el 04/08/2003
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