20/9/4

Un debate mayor: ¿ENARSA o ENARSE?

Por Pino Solanas y Félix Herrero (*)

El debate que en estos días se libra en el Parlamento sobre si la empresa nacional de energía deberá ser una “sociedad de Estado” o “sociedad anónima privada” no sólo tiene que ver con la continuidad o cambio del modelo neoliberal, sino que, una vez más, puede poner en riesgo las riquezas naturales, las inversiones que se realicen y las rentas que se obtengan, en tanto la nueva empresa puede otorgar áreas y concesiones a los privados. Después de las nefastas consecuencias que dejaron las recetas neoliberales y un modelo privatizador que incumplió contratos, endeudó y empobreció al país, sorprende que se quiera insistir por los mismos caminos en vez de construir las autodefensas jurídicas y nacionales que impidan que en el futuro vuelvan a perderse los yacimientos que se descubran. Todavía subsiste el perverso mito de que el Estado es ineficiente para producir y debe reducirse a la función de planificador y regulador. La dirigencia política argentina evita debatir sobre lo público y privado, olvidando que en la historia nacional los grandes emprendimientos y obras de infraestructura (caminos, usinas, puertos, yacimientos, gasoductos, etc.) fueron realizados con la dirección del Estado y el financiamiento del pueblo argentino. Las dos grandes petroleras sudamericanas son de mayoría estatal asegurada en sus constituciones (Artículos 303 de la Constitución venezolana y 177 de la del Brasil). PETROBRAS es una empresa de economía mixta y por ley el Estado debe tener el 50% más una acción, aunque en la realidad tiene una participación muy superior a la mínima prevista. La venezolana PDVSA tiene la forma de sociedad anónima, pero con 100% de participación del Estado. La iniciativa del gobierno de formar ENARSA fue calurosamente saludada por quienes integramos el MORENO, y con espíritu constructivo aportamos elogios y críticas. Pero el proyecto de ley que se intenta hacer votar en el Parlamento perdió algunos atributos esenciales: la empresa no será una “sociedad anónima del Estado” sino una “sociedad anónima privada” que escapará al control de la Auditoria y de la SIGEN; sus acciones serán intransferibles pero al permitir la ampliación de capitales sin asegurar los porcentajes originarios, puede encubrirse una futura privatización. Además se permite que los directivos de la nueva empresa negocien las áreas que aún quedan con las petroleras, sin necesidad de expresos permisos. Nadie puede argumentar que se quiera buscar un pelo en el mar: la historia de la década pasada es más que aleccionadora por los perversos y violatorios procedimientos utilizados para engañar a la ciudadanía. ¿Quién puede olvidar que el modelo de conversión de las empresas del Estado en sociedades anónimas fue el camino para privatizarlas como sucedió con Y.P.F., Gas del Estado, Segba, ENTEL, ESEBA y otras? ¿Quién recuerda cómo fueron vendidas las acciones de YPF que detentaba el Estado nacional? Hagamos memoria: las provincias vendieron especulando el 12% de las acciones de YPF que Menem les concedió, abandonando su participación en el estratégico desarrollo del recurso petrolero.

Estas cuestiones vuelven a dividir aguas no sólo entre olvidadizos y memoriosos o entre quienes desean que fracase el gobierno o anhelan su éxito, sino entre quienes creen ver en sus acciones una alternativa real al neoliberalismo o una mera corrección de sus abusos. Las recientes renegociaciones con los concesionarios viales y ferroviarios o la anunciada reprivatización del Correo, sin haber convocado a la ciudadanía a debatir sobre el modelo de gestión que debe reemplazar la ineficiente experiencia del mercado, así como el actual rechazo del gobierno a las correcciones del proyecto ENARSA, permiten pensar que el gobierno transita la peligrosa lógica del modelo neoliberal y no la del proyecto nacional democratizador.

En síntesis, para la empresa energética el MORENO propone: 1) que sea una sociedad de Estado –ENARSE- es decir, en ningún caso, ni por ampliación de capitales, debe perder su mayoría accionaria; 2) los directores deben ser designados con acuerdo del Congreso; 3) es preciso auditar las reservas existentes con técnicos y profesionales argentinos; 4) que los análisis de costos sean de naturaleza pública (en nuestro país el costo del barril es de u$s 3 y nos lo venden como importado); 5) que el Estado retome el comercio exterior de los energéticos; 6) hacer cumplir la Ley de Hidrocarburos – Nº 17.319 - declarando nulas las concesiones y actos que la violan; 7) impedir el saqueo de reservas y la contaminación; 8) control sobre la extracción que se sigue realizando por simple declaración jurada de las petroleras.

Frente a la disminución creciente de las reservas petroleras y en el marco de pobreza y desempleo que generó la aventura neoliberal, es contradictorio e irresponsable crear una empresa energética que no defina los hidrocarburos como un bien estratégico. El país ha pagado muy caro la privatización: los hidrocarburos aportaban al tesoro nacional una renta anual de más de 8000 millones de dólares. Desde 1990 esa pérdida representó un faltante superior a los 100.000 millones, que quienes gobernaban lo reemplazaron tomando deuda externa. En consecuencia, es hora de realizar una reparación histórica al pueblo argentino que nominalmente es titular de los recursos, pero no de su renta descomunal, que queda en manos de las corporaciones. Por eso, el debate de fondo sobre ENARSA o ENARSE no se reduce a su forma jurídica, sino que está en juego también la recuperación de la renta petrolera y la propiedad de los recursos energéticos nacionales.

* (Presidente y vicepresidente del MORENO)

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